Según informaciones, principios de marzo de 2009 ha sido vendida la empresa HAROMETAL SL, sita en el polígono industrial de Pulpí, que entonces contaba con aproximadamente 30 empleados.

 

Esta empresa, que al parecer tenía una enorme acumulación de deudas pero también un sustancial activo, fue vendida a una empresa con sede social en Seseña (Toledo) y con un Administrador con residencia habitual en Cartagena.

 

El nuevo administrador, sin solvencia ni experiencia ninguna, ni ningún tipo de bien a su nombre, se presentó por sorpresa en las oficinas de HAROMETAL SL y a sus empleados, acompañados de tres supuestos gestores de origen catalán, alegando ser la nueva gerencia y prometiendo ver la viabilidad y sostenibilidad de la empresa.

 

Inmediatamente dieron instrucciones de que a los proveedores que llamaban o se presentaban en el domicilio, se les comunicara que por parte de la nueva dirección se realizaría una auditoria para conseguir financiación para la empresa.

 

Los trabajadores empezaron a sospechar cuando les comunicaron que iban a ser retiradas de las obras que se tenían en marcha todas las máquinas así como los materiales.

 

Casualmente, un proveedor que se presentó en las oficinas de HAROMETAL, reconoció al nuevo Administrador que hasta hacía dos semanas iba pidiendo trabajo por varias empresas de construcción de Cartagena.

 

Desde ese punto, otra empresa a la que HAROMETAL SL debe una cuantiosa suma de dinero empezó a investigar hasta interponer ante el Juzgado de HUERCAL-OVERA una denuncia por supuesta estafa y alzamiento de bienes.

 

La Guardia Civil de Pulpí tomó declaración al nuevo Administrador y a dos de los supuestos gestores, así como al antiguo administrador, residente de Pulpí y a su padre, como socio saliente de dicha Sociedad.

 

 

Este tipo de movimientos de compra de empresas por cantidades mínimas o simbólicas se realizan desde años atrás en nuestro país, siendo muy difícil el probatorio de delito, ya que los compradores venden los activos o se hacen con el efectivo en cuestión de días, y si no resulta fructífero, alegan engaño por parte de los vendedores y devuelven la empresa.

 

Mientras se pone todo en orden, los trabajadores ni cobran ni saben lo que hacer, ya que, lógicamente la parte vendedora se ha desprendido de la empresa con el fin de no tener responsabilidades con la misma.

En la actualidad (junio de 2009) todos los trabajadores están despedidos y los activos, casi en su totalidad, vendidos.

Como siempre, la Justicia, llega tarde, el tiempo dirá si todo se pone en su sitio o no, por ahora, el antiguo administrador está libre de culpa y la empresa se encuentra sin ningún patrimonio.

 

Llegado el momento, los trabajadores lo único que esperan es poder cobrar de FOGASA y que puedan acceder al paro, porque el procedimiento judicial penal es un camino largo que no interesa a nadie.

 

Estamos hablando de un claro alzamiento de bienes por parte de la parte vendedora y una estafa por parte de los compradores, que liquidan los activos de manera muy ágil y se desentienden de la empresa en cuestión de días, dejando todo en el aire.